El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha comparecido en la mañana de hoy ante el Senado de la República para, principalmente, aclarar la base sobre la cual se ha sustentado su departamento para retirar el derecho de los legisladores a obtener de las administración pública pasaportes diplomáticos, en respuesta a varias cuestiones formuladas por Tomás Mecheba Fernandez-Galailea, portavoz del grupo de la Coalición Democrática.
En sus respuestas, Simeón Oyono Esono Angué, matizó que el origen de esta situación parte de la existencia de “la práctica comunitaria de armonización de criterios para la obtención de dicho documento de viaje”, en el seno de la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados del África Central (CEMAC), “concretamente para el establecimiento de la libre circulación de personas y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Fundamental vigente, que establece que el Estado ecuatoguineano acata los principios del Derecho Internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las Organizaciones y Organismos Internacionales a los que se ha adherido”.
“Hemos hecho efectivo en nuestro país, el Reglamento 01 – 08 – UEAC – CM – 1 por el que se modifica el Reglamento 1/00 – CEMAC – 042 – CM – 04, sobre el establecimiento y condiciones de gestión y expedición del pasaporte CEMAC; sancionando así, el decreto 111/2019, de fecha 9 de septiembre, por el que se autoriza la expedición y puesta en circulación del pasaporte biométrico-CEMAC en la República de Guinea Ecuatorial y su Reglamento de aplicación”, matizó.
El ministro de Exteriores, quien aclaró que los parlamentarios sí disponen del pasaporte del servicio diplomático, reservado a los miembros de las diferentes mesas según los casos, insistió que “en una misma comunidad, no se pueden manejar documentos de viajes diferentes, objetivo principal del espacio comunitario” de la CEMAC.
A requerimientos de Fernández-Galilea, Esono Angué dio a conocer igualmente el estado actual de las negociaciones para la solución del conflicto fronterizo con Gabón y las de hace “décadas” entre Guinea Ecuatorial y Camerún para delimitar la frontera marítima común.
En su respuesta, explicó por una parte que con Gabón, los dos países firmaron, el 15 de noviembre de 2016, el compromiso de Marrakech; tratado por el que las partes decidieron someter su controversia a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas con sede en La Haya. Por otra parte, Malabo y Yaundé, continuó, han decidido abordar el tema en la próxima Gran Comisión Mixta, que debía celebrarse en 2020, pero imposibilitado por las restricciones impuestas por la Covid 19; aunque se ha alcanzado en este mismo año 2022 un acuerdo de seguridad transfronteriza.
