El ministro de Asuntos Exteriores y cooperación ha comparecido el viernes 5, a petición  propia, ante  la Cámara de Diputados y el Senado para presentar el documento del  Plan Nacional de Acción para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en la República de Guinea Ecuatorial, en base a la ley 1/2004, del 14 de septiembre sobre tráfico ilícito de personas y del protocolo de Palermo de 2003. 

Ante el Parlamento Nacional, Simeón Oyono ESONO ANGUÉ puso de manifiesto la urgente necesidad por la que nuestro país debe hacer esfuerzos para salir de la clasificación que se le otorga por ciertas potencias para combatir el llamado mal del siglo, si bien se trata – aseguró – , de un fenómeno insertado en un mundo globalizado. Po lo que, pidió la colaboración de todas las instituciones y del pueblo ecuatoguineano para servir de efecto multiplicador en el proceso de sensibilización para la correcta implementación del plan, desde la prevención, detección hasta la judialización de esta lacra.

“Como ciudadanos ecuatoguineanos estamos todos llamados a participar para  la efectiva implementación de este plan de acción, a fin de emprender acciones concretas y efectivas encaminadas a combatir la trata de personas como parte del compromiso asumido por Guinea Ecuatorial, para erradicar dicha lacra; resultando primordial la construcción de una estrategia nacional única, que con carácter global incluya la erradicación completa de las distintas manifestaciones de la violencia ejercida sobre las personas. Luchar contra la trata de personas es luchar contra la violación de los derechos humanos”, dijo

 Se entiende por trata de personas como el transporte,  traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la acción,  rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación para ejerza cualquier forma de explotación.

Sus fines son la importación de trabajos o servicios forzados, la esclavitud, servidumbre o mendicidad, explotación sexual, pornografía, la explotación para realizar actividades delictivas; además de la extracción de órganos corporales. 

El plan esta focalizado en el enfoque de género, derechos humanos, primacía del interés superior del menor, perecuación del delito y la mejora del conocimiento de la situación; además de potenciar la prevención y detección de la trata, asistencia a las víctimas, persecución a los tratantes e inclusión de la sociedad civil.

Estará coordinado por el Ministerio de Asuntos Exterior y Cooperación, en colaboración con las administraciones e instituciones implicadas en su ejecución;  particularmente a través de los Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de género y Trabajo, Fomento y Seguridad Social. Se espera que su vigencia sea de dos años y expire en 2021.