A.L. Nsue Ondo Mangue.- Malabo// El gobierno de Guinea Ecuatorial a través de su Oficina de Información y Comunicación Diplomática, ha lanzado un comunicado fechado el 6 de octubre último en el que sale al paso acerca del debate del Parlamento europeo poniendo en duda de la existencia de la justicia y el respeto de los derechos humanos en el país centroafricano. Por lo mismo Malabo ha reafirmado que “Guinea Ecuatorial es un Estado de derecho y soberano”.
El texto igualmente leído en su integridad por la televisión pública estatal el domingo 5, relata las causas de la detención de dos ciudadanos españoles supuestamente implicados en una trama de corrupción por la ejecución del proyecto de la televisión digital terrestre en el país.
Asume igualmente que “la corrupción constituye un delito universalmente condenado”; por cuanto según asegura, “el país, “tiene su firme compromiso con la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas”. Reitera además que “la acción de la justicia ecuatoguineana se desarrolla conforme a las leyes nacionales y a los principios internacionales del debido proceso, sin discriminación ni privilegios por razón de nacionalidad”.
“La empresa española responsable recibió más de 4.000 millones de francos CFA (aproximadamente 6.1 millones de euros) para su ejecución. Sin embargo, -asegura el comunicado -, ni el dinero fue debidamente justificado ni el proyecto se realizó, configurando un presunto delito de malversación y fraude financiero de carácter internacional”.
El texto, que asegura que “los ciudadanos españoles detenidos reciben un trato digno y humanitario, conforme a las leyes de la República de Guinea Ecuatorial y a las obligaciones internacionales del país, reitera que los derechos consulares de éstos, “están plenamente garantizados y reciben visitas periódicas consulares de parte de la legación diplomática española en el país, “en estricto cumplimiento” de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
“El Gobierno lamenta que, en lugar de apoyar los esfuerzos legítimos de un Estado soberano para combatir la corrupción, algunas instituciones y personalidades europeas opten por cuestionar la independencia del poder judicial ecuatoguineano. Este tipo de pronunciamientos transmiten un mensaje de doble rasero: cuando la justicia africana actúa, se invocan los derechos humanos; pero cuando los mismos hechos ocurren en Europa, se habla de respeto institucional y separación de poderes. En este sentido, Guinea Ecuatorial reafirma el principio de igualdad soberana de los Estados y la independencia de los poderes judiciales, conforme a la Carta de las Naciones Unidas”, matiza.
En el comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional, Malabo ha dicho reafirmar “el compromiso del país al respeto del principio de igualdad soberana entre los Estados y la independencia de los poderes judiciales conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y su disposición plena al dialogo y a la cooperación con todos sus socios internacionales”.
