El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha puesto en marcha un plan de acción de lucha contra la trata de personas, para ello involucra a los países africanos y solicita su colaboración en la toma de acciones concretas contra esta lacra. Esta es la razón del encuentro que el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Simeón Oyono ESONO ANGUÉ ha mantenido en la mañana del viernes 1, en la sede de este Departamento Ministerial con los embajadores y Jefes de Misiones Diplomáticas y Consulares de países africanos acreditados en Guinea Ecuatorial. El objetivo es que sus Legaciones diplomáticas y Gobiernos pongan de su parte en la lucha contra el llamado mal del siglo veintiuno.

En los últimos tres decenios el tercer productor del crudo subsahariano es testigo de una avalancha de inmigrantes, debido en gran medida a la bonanza económica originada por el boom petrolífero en el país. En este sentido, OYONO ESONO ANGUÉ, ha insistido en que se trata de un tema global. Por, manifestó, es imprescindible erradicar este fenómeno en todo el continente africano, mediante la colaboración de todos los países de origen de estas personas sometidas a la trata; sobre todo en los procesos de entrada de menores acompañados por adultos que se pasan por sus progenitores y que finalmente una vez en el interior del país, les someten a tratos vejatorios.  

 Con el Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Trata de Personas, se pretende alcanzar un plan integral para la lucha contra esta lacra en Guinea Ecuatorial, el cual parta del compromiso asumido por el Gobierno, a través de acciones basadas en la  lucha contra la criminalidad y el control migratorio; desde  la adopción,  prevención,  protección, asistencia y reparación de las víctimas.

La definición jurídica penal de la trata de personas, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la puesta en marcha de una comisión interministerial para el análisis y estudio de la problemática, identificación, protección y asistencia a las víctimas; así como la persecución activa a los tratantes, el papel de la sociedad civil y el análisis y mejora del conocimiento para una respuesta eficaz, son los horizontes principales del Gobierno.

El Plan estará coordinado por el Ministerio de Asuntos Exterior y Cooperación, en colaboración con las administraciones e instituciones implicadas en su ejecución;  particularmente a través del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de género. Se espera que su vigencia sea de dos años y expire en 2021.