Una Comisión de las Naciones Unidas que gestiona la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo (CTED) se encuentra desde la tarde de este domingo en Malabo, con el objetivo de monitorear y promover la implementación de las Resoluciones 1373 de 2001, 1624 de 2005, 2178 de 2014 y 2396 del año 2017 del Consejo de Seguridad.

Por ello, la cuidad de Sipopo, alberga desde el lunes 24 al miércoles 26, las sesiones que mantienen los expertos de las Naciones Unidas con los técnicos ecuatoguineanos de diferentes departamentos ministeriales involucrados, aperturadas por Simeón Oyono Esono Angué, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en presencia de Samia Ladghm, jefa de sección para África del CTED. 

Las discusiones de este lunes en Sipopo, se han centrado en debatir las amenazas y desafíos del terrorismo a los que se enfrenta Guinea Ecuatorial; además de analizar los progresos, fortalezas y brechas en la implementación de las obligaciones del país en la puesta en marcha de las resoluciones del Consejo de Seguridad,  para finalmente identificar la asistencia técnica necesaria para implementar dichas resoluciones.

En la Ciudad de la Union Africana, durante los próximos tres días se analizará la legislación nacional contra el terrorismo, incluida la incorporación de los requisitos de las Naciones Unidas en la materia, la investigación,  procesamiento y adjudicación de casos relacionados, la cooperación internacional y regional en el intercambio de información, investigaciones conjuntas, así como la extradición y la asistencia legal mutua.  A ellos se suman la aplicabilidad de la ley en la materia, el uso de datos biométricos, la protección de las infraestructuras críticas, objetivos flexibles incluida la prevención del reclutamiento, cooperación interinstitucional y las medidas contra la financiación al terrorismo.

A estos debates asisten principalmente los técnicos de los ministerios de Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, Hacienda, Comercio, Telecomunicaciones; así como los Servicios de Inteligencia, Policía, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), el Banco Nacional y la Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones (ORTEL)